¿Cuál es su objetivo?
Tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de las directivas europeas relativas a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado Interior. Asimismo, incorpora materia de protección de los intereses de los consumidores.

¿Qué es la sociedad de la información?
La sociedad de la información viene determinada por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los actores la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.

¿Qué servicios se incluyen?
Se acoge un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información:
– contratación de bienes y servicios por vía electrónica
– el suministro de información por dicho medio (como el que efectúen los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red)
– las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red
– la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones
– la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios
– el alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros
– la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet
– así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio…), siempre que represente una actividad económica para el prestador.

¿Quién ofrece estos servicios?
Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.

¿A quien se aplica?
Desde un punto de vista subjetivo, se aplica a los prestadores de servicios establecidos en España. Por establecimiento se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. Resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios de la sociedad de la información a través de un establecimiento permanente situado en España. En este último caso, la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde España.
El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen.

¿A quien protege?
Destaca su afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, se impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet, la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.

¿Podemos enviar información comercial por correo electrónico?
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, se establece que éstas deban identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de comunicación electrónica equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.

¿Son válidos los contratos electrónicos?
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de forma escrita que figura en diversas leyes.

¿Y como simplificamos los procesos?
Se promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos a las características específicas de cada sector. Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilización de dichos medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.

¿A quien acudimos?
Se prevé la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener información práctica sobre distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley, lo que requerirá el establecimiento de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y la homogeneidad y coherencia de la información suministrada a los usuarios.

¿Existen sanciones?
Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero eficaz para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto.
Asimismo, se contempla una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmente a la información suministrada por las Administraciones públicas.. – Xavi Roca Vilalta

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